Cuarenta chiringuitos andaluces siguen en situación irregular

Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol y vicepresidente de la asociación andaluza asegura que 24 establecimientos de Málaga y 16 de Granada aun no han regularizado su situación. El PP denuncia que la Junta de Andalucía "no ha dado soluciones" pese a tener las competencias desde hace cinco años.
 
A finales de julio, y plena temporada alta para los chiringuitos andaluces, el Tribunal Supremo estimaba la denuncia de una particular afectada por la Ley de Costas en vigor y aprobada en 2013. Así, la sentencia, que dieron a conocer los medios de comunicación, desestimaba la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014 que reconocía el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Según la sentencia, ello "vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa".Solo en la provincia de Málaga hay unos 300 chiringuitos. En Granada, 42. En Cádiz, 114. Muchos de ellos empezaron a ver en 2015, por fin, la recuperación económica al cierre de sus cajas. Las perspectivas son tales que solo en la provincia de Cádiz este año unos 25 establecimientos han optado por abrir durante todo el año, frente a los tres o cuatro de años anteriores, pudiendo dejar al margen, por fin, una estacionalidad que les afecta más que a Málaga y de la que no podían escapar al tratarse en su mayoría de establecimientos desmontables, y por tanto, hasta hace escasos años sus concesiones eran por el tiempo limitado a la temporada de playas. Los empresarios de este sector saben bien que su actividad ha estado sujeta a tres administraciones: por parte del Gobierno Central, con la Demarcación de Costas; con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, y por último, con los Ayuntamientos, que son los que en última instancia otorgan las licencias a través los distintos pliegos de condiciones que salen a concurso público. La penúltima prueba de que los roces entre administraciones friccionaban directamente sobre los chiringuitos fue cuando la Junta de Andalucía posibilitó que aquellos de infraestructura desmontable que quisieran permanecer abiertos todo el año pudieran hacerlo siempre que tramitaran sus permisos de ocupación a través de los ayuntamientos. En la práctica, esta medida chocó con los pliegos de adjudicación, concedidos por los ayuntamientos costeros, y que, en los casos de haberse adjudicado antes de la modificación autonómica, estipulaba que la apertura y desmontaje de los mismos se ceñía a la temporada de playas.Ahora, la sentencia del Supremo supone en la práctica un nuevo varapalo para los 24 establecimientos en Málaga y 16 en la costa de Granada, que obtuvieron sus licencias de explotación antes de 2013, al albur de esa disposición adicional que les dio preferencia frente a otros adjudicatarios por tener sus chiringuitos abiertos antes de ese año. Otros muchos ya han regularizado su situación, como en la provincia de Cádiz, donde solo un único chiringuito, en la localidad de Chipiona, estaba afectado y a día de hoy, regularizado. Además, cuando entre en vigor la sentencia juega un papel importante el factor tiempo: porque en otras administraciones las concesiones se han resuelto con mucha mayor celeridad que en Málaga, pese a que los expedientes de regularización iniciasen su trámite administrativo al mismo tiempo.El vicepresidente de la asociación andaluza y presidente de la Asociación de Empresarios de Playas Costa del Sol, Manual Villafaina Muñoz, se muestra prudente al respecto. "La sentencia del Tribunal Supremo aun no se ha publicado", y por tanto, hasta que no aparezca en las páginas del Boletín Oficial del Estado, no entra en vigor. La Junta de Andalucía es la que debe regularizar jurídicamente, al tener las competencias delegadas desde 2011. "Según nos han dicho desde la Junta, sus servicios jurídicos están estudiando las posibles soluciones".El sentir en el sector es, según el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, que la administración autonómica asumió sus nuevas funciones hace cinco años en materia de los chiringuitos pero sin nuevos recursos, "lo que ha provocado que se eche de menos la existencia de personal más especializado y dedicado a acelerar los expedientes".La postura de la Junta de AndalucíaEl consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, explicó la semana pasada en el Parlamento andaluz que tras la sentencia "no se va a paralizar ningún expediente relativo a las concesiones de chiringuitos y que los servicios técnicos y jurídicos de la Junta ya barajan alternativas que solventarán la cuestión dentro de la legalidad vigente". Fiscal añadió que desde que se tuvo conocimiento de la sentencia del Supremo "el gabinete jurídico y los servicios técnicos de la Consejería no han perdido ni un instante para que, conjuntamente con el sector, se creara un grupo de trabajo que analizase la situación en busca de soluciones para conseguir un objetivo común: que la situación de estas instalaciones se resuelva lo antes posible". También recordó que la sentencia tumba una norma del Gobierno central, "que actuó con gran irresponsabilidad política en su tramitación", y que Andalucía se opuso a la reforma de la Ley de Costas y al Reglamento. Una reforma, por otro lado," que el sector no demandaba y que recogía la Disposición anulada ahora por el Supremo. Según el consejero "estamos en esta tesitura por la pobre actuación del Gobierno central en la redacción de estas normas". Sin embargo, para el PP -cuyo presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se reunió ayer en Torremolinos con empresarios del sector- la lectura es distinta. Porque hace cinco años que la Junta de Andalucía tiene las competencias de Costas, y en este tiempo "no ha dado soluciones", a juicio de los populares. "No hay una actividad coordinada en la Junta de Andalucía y existe una actitud arbitraria" y ha matizado que "no tiene sentido que la Delegación de Medio Ambiente de Granada, que tiene menos recursos humanos, haya resuelto el 60 por ciento de la normalización de los chiringuitos y que en cambio en la provincia de Málaga no se haya resuelto ni uno"."Esa situación arbitraria lleva a que no haya trato igualitario por parte de la administración a todos los chiringuitos. Pedimos disponibilidad, acuerdo y ambición para los cuarenta mil andaluces que trabajan y que tienen progreso gracias a esta actividad económica".
 
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