Andalucía buscará mecanismos para no retrasar la regularización de chiringuitos

El consejero de Medio Ambiente y los empresarios han abordado la incidencia que puede tener la eliminación de las preferencias en la concesión de chiringuitos. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y los empresarios de playa buscarán mecanismos que permitan no ralentizar el proceso de regularización de las concesiones de chiringuitos tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula un artículo del Reglamento de Costas.
 
 
 
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y los empresarios han abordado hoy la incidencia que puede tener la anulación de la disposición transitoria vigésimo sexta del Reglamento, que elimina las preferencias en la concesión de explotaciones para los chiringuitos ya instalados cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013.
Fiscal ha explicado a los periodistas que esta sentencia, de la que la Junta aún no tiene conocimiento oficial, supone un "hándicap" en el proceso de normalización de las concesiones, pero "mecanismos hay -ha señalado- y le daremos todas las vueltas que sean necesarias para que esto no ralentice el ritmo que había cogido la regularización".
 
 
Para ello, se ha acordado mantener una reunión entre los empresarios de playa y el gabinete jurídico de la Consejería con el fin de que "no haya que volver al minuto uno de cada expediente" y se pueda utilizar la mayor parte del trabajo ya realizado.
 
En el mismo sentido, ha dicho que el objetivo es no tener que comenzar desde el principio cada expediente sin conculcar la norma que ha modificado el Tribunal Supremo.
 
Sobre la repercusión que puede tener esta sentencia en el plazo para la regularización de todas las concesiones, fijado meses atrás en octubre, el titular de Medio Ambiente ha reconocido que la sentencia es "un inconveniente", pero aún no se sabe si lo será "tanto como para retrasarlo" o se podrá mantener la fecha.
 
"La Junta se posiciona a favor de la ley, nos guste o no", ha subrayado Fiscal, quien ha opinado que este "varapalo judicial" demuestra que "no hacía falta modificar una Ley de Costas como la que había", sino que existían otras cuestiones "más urgentes".
 
En Andalucía hay 742 explotaciones en zonas de playa, de las que 316 cuentan con título (el 43 por ciento del total), y de las restantes, 176 están afectadas por la disposición transitoria que se anula en la mencionada sentencia.
 
De estas últimas, 155 se encuentran en la provincia de Málaga, 15 en Cádiz y seis en Granada, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente.
 
El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha explicado que tenían concesiones por un plazo de 15 años con un acuerdo verbal de otros 15, que finalmente no se plasmaron, de forma que desde 2004 o 2005 los establecimientos están "de una forma anómala, pagando".
 
Ha insistido en que el sector, que genera en temporada alta cerca de 40.000 empleos, demanda que se normalice una situación que "se ha creado por culpa de la administración -ha precisado-, no nuestra".
 
Del Castillo ha trasladado la preocupación de los empresarios, que llevan doce años en una "situación muy incómoda", y ha recordado que están pendientes de concesión más de la mitad de las instalaciones.
 
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